¿Violencia obstétrica en España?: El Informe de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Una vez más, cero sorpresas.
En el Informe publicado por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, sobre inequidades de salud, se apunta como un problema estructural la Violencia Obstétrica.
Tiene su lógica, puesto que llevamos ya tres resoluciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU (CEDAW), en el mismo sentido.
Más allá de que puedan ser "casos aislados", como proclaman los Colegios de Médicos, el hecho es que ya en tres ocasiones el CEDAW ha instado a nuestro Gobierno tanto a reparar a las mujeres que han sufrido dicha violencia, como a implantar mecanismos para evitar estos daños.
El informe que publica ahora la Comisaria de Derechos Humanos es fruto de un viaje que Dunja Mijatovic hizo a España el pasado noviembre para supervisar el derecho a la salud, la vivienda, la libertad de expresión y los derechos humanos de refugiados y solicitantes de asilo.
En sus apuntes sobre salud en, la Comisaria advierte de su preocupación sobre la violencia obstétrica y menciona las tres condenas al respecto que arrastra España por parte del CEDAW.
Dunja Mijatovic también pone la atención en que ninguna de las tres mujeres que ha obtenido una sentencia favorable que les reconoce daños físicos y psicológicos por violencia obstétrica, ha sido compensada por España, tal y como recomendaba el Comité.
Nuestro Gobierno considera que el término "violencia obstétrica" es excesivamente duro y que provoca "confrontación" entre las mujeres y los médicos. Vamos, en lenguaje comprensible y "políticamente incorrecto", que el término molesta a las personas que ejercen la violencia, y que las mujeres que la sufren deberían quedarse calladas y no molestar, porque son unas "intensas" y realmente lo que han sufrido podrá ser una mala praxis, pero en ningún caso es una violencia, porque los profesionales sanitarios que las han atendido no tenían intención de violentarlas.
Pero resulta que nuestro Gobierno, y con él los Colegios de Médicos y la SEGO parece que no se han leído la definición de violencia
Se define violencia como un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica, o maltrato emocional, la represión política o la intolerancia religiosa a través de amenazas, ofensas o acciones.
En dicha definición no entra la intencionalidad o no de dicha violencia. Sólo habla de un comportamiento deliberado, es decir, que, aunque no haya intención de ser violento, la(s) persona(s) sobre la que se ejerce dicho comportamiento, sufre daños físicos o psicológicos y esto ya es violencia.
Comprendemos que muchos profesionales no se sienten cómodos aceptando la violencia estructural de la que participan, pero sólo desde aceptar dicha violencia se podrán empezar a cambiar las cosas.
El Gobierno de España ha respondido a algunas de las observaciones hechas por la Comisaria, a través de un documento firmado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
En dicho documento, nuestro Gobierno asegura que el término 'violencia' “no sería aceptable en el contexto de la asistencia sanitaria en nuestro Sistema Nacional de Salud” y que “en particular, el término 'violencia obstétrica' es inadecuado en este marco, ya que genera confrontación entre los profesionales sanitarios y las mujeres”.
También comenta que desde el Gobierno se prefiere un “modelo constructivo y positivo para las mujeres y su salud a través del desarrollo e implantación de buenas prácticas y políticas activas en el contexto de la salud sexual y reproductiva”.
Sobre la falta de compensación a las tres mujeres que han obtenido sentencia de la CEDAW, nuestro Gobierno responde que esas decisiones no tuvieron “la supervisión de los hechos en la comunidad autónoma donde se produjeron” y que la normativa española cuenta con un “sistema de reparación de daños probados causados por la asistencia sanitaria”.
Desde nuestro punto de vista, una respuesta más que vergonzosa, tirando balones fuera amparándose en la cesión de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, y sin tener en cuenta para nada que el daño ha sido sobradamente probado, sólo que nuestros tribunales, también machistas y patriarcales como bien sabemos, no lo consideran tal, dado que las criaturas que nacieron en dichos partos, están vivos y al parecer simplemente con conseguir que madre y criatura salgan vivos del parto, ya no hay daño objetivo a los ojos de los jueces de éste país.
Como decíamos, cero sorpresas. El Gobierno más feminista de la historia como se autodefinen a sí mismos, sigue sin tener en cuenta a las madres ni a sus voces. Y por lo visto tampoco a las voces de los especialistas en Derechos Humanos. Después de intentar incluir el término "violencia obstétrica", todo quedó en agua de borrajas por la pataleta de los Colegios de Médicos (a pesar del apoyo de la Federación de Asociaciones de Matronas tanto al término como a que se incluyera en la ley). Todo por un modelo "constructivo y positivo para las mujeres y su salud". Si no fuera tan triste, si no nos enfadara tanto, semejante frase podría ser un chiste. Un modelo constructivo y positivo para las mujeres, en el que no se escucha a las mujeres ni se tienen en cuenta sus experiencias.
No podemos estar más decepcionadas como Asociación feminista que somos, por una respuesta tan cobarde y falta de empatía con las mujeres que han sufrido, sufren, y visto lo visto seguirán sufriendo violencia obstétrica en nuestro país.
Bibliografía:
https://rm.coe.int/comments-by-the-government-of-spain-to-the-report-of-the-commissioner-/1680ab2dc9
https://www.federacion-matronas.org/2021/07/19/violencia-obstetrica-fame/
