Cuando se escucha nuestra voz
La historia de Irene.
Irene sintió que sus derechos no se respetaron ni en las visitas al hospital, previas al nacimiento de su hijo, ni en el propio parto, ni tampoco en el posparto.
A Irene le indujeron el parto. Le dijeron que sufría colestasis intrahepática, afección que sí justifica una inducción, pero el diagnóstico se realizó sin hacer las pertinentes pruebas diagnósticas, basándolo simplemente en unas pequeñas erupciones cutáneas que más tarde se vio eran causadas por una alergia al látex.
La ley de autonomía del paciente enuncia en su artículo 10 que “el médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente.” Siendo la inducción una intervención con probabilidades de fracasar y terminar en una cirugía mayor abdominal, la información proporcionada y las pruebas diagnósticas para indicarla deberían ser claves para obtener el consentimiento informado de la mujer.
A Irene le faltaron pruebas diagnósticas. También le faltó información sobre los riesgos que conlleva una cesárea, operación quirúrgica en la que finalmente acabó su parto. Le dieron a firmar un documento de consentimiento informado de cesárea programada, siendo la suya debida al fracaso de la inducción.
También la anestesia falló: el catéter con el que se le administraba la anestesia epidural se desplazó ligeramente y la anestesia no hizo efecto. La cirugía comenzó mientras Irene sentía perfectamente el corte. Entre gritos de dolor y lágrimas, sola y atada, sin que se respetara su derecho al acompañamiento por alguien de su elección, con 20 personas en el quirófano, la durmieron completamente.
Irene reclamó. Reclamó al hospital por no actuar de acurdo a la evidencia científica y de acuerdo a las leyes vigentes. Reclamó que el personal del hospital había faltado a sus obligaciones legales y no había respetado sus derechos como usuaria. Reclamó que se atentó contra su dignidad, en contra de lo que pide la Ley General de la Sanidad, con comentarios despectivos hacia su persona, con tremenda falta de humanidad y empatía.
Al cabo de un mes de presentar su escrito de reclamación en la oficina de atención al paciente del hospital, Irene recibió respuesta del jefe de servicio del área de medicina materno-fetal del hospital.
Recibió una disculpa del hospital. Una disculpa sentida por haber incumplido sus propios procedimientos al no presentarse e identificarse, por haberle atado los brazos en cruz, por no haber dejado a su acompañante estar presente en la cesárea, a pesar de estar este derecho incluido en su protocolo de trabajo.
También recibió el firme compromiso por parte del hospital de revisar los medios por los cuales se pide el consentimiento informado; el compromiso de modificar el texto del consentimiento informado; el compromiso de redactar, a su vez, un documento de consentimiento de “Cesárea en curso de parto” que sustituya al de cesárea programada para casos como el suyo.
Con su reclamación, Irene consiguió que su hospital cambie los protocolos de asistencia al parto y al puerperio, para que no se realicen inducciones sin indicación médica y si los riesgos de la inducción no compensan los posibles beneficios.
Irene logró hacer escuchar su voz. Su reclamación servirá de mucho a todas las mujeres que tengan a sus bebés en ese hospital en lo venidero. No podemos dejar de agradecerle.
¡GRACIAS, AMIGA, LUCHADORA, MADRE!
La reclamación original de Irene, así como la respuesta del hospital, en catalán, están disponibles aquí.
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