No hay más ciego que el que no quiere ver

Parece que algunos de los ginecólogos y obstetras de este país andan nerviosos y ofendidos porque las mujeres, y algunos hombres, llamamos a las cosas por su nombre y rechazamos utilizar eufemismos que les haga más sencillo ignorar la realidad y mirar para otro lado.

Así, le están declarando la guerra al concepto Violencia Obstétrica, porque, dicen, es confrontacionista y exagerado y atenta a la honorabilidad de los ginecólogos y obstetras. Así lo dijo el Colegio de Médicos de Ciudad Real, cuando emitió un airado comunicado de repulsa de la jornada organizada por la Asociación Oro Blanco, a cargo de la letrada Lorena Moncholí y que llevaba por título “Actúa contra la violencia obstétrica”. Y así lo ha reiterado la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) en la respuesta que nos trae a vueltas estos días, en la que no solo no se siente aludida por ese concepto (¡!), sino que además lo considera un concepto legalmente delictivo, moralmente inadecuado y científicamente inaceptable.

La violencia obstétrica hace referencia a un conjunto de prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras dentro de la atención a la salud reproductiva, fundamentalmente en el período del embarazo, parto y postparto. Se trata de una violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, y puede ser tanto física —uso de procedimientos innecesarios en el embarazo y el parto, falta de respeto en los ritmos naturales del parto— como psicológica —infantilización de las mujeres, trato despectivo y humillante, insultos y vejaciones— [Tesis doctoral La violencia obstétrica como violencia de género, de Eva Margaría García, doctorada en Ciencias Humanas por la UAM].

Es natural que se sientan incómodos, porque ya no somos solo cuatro locas las que, en nuestras reuniones privadas, ponemos nombre a sus obsoletas prácticas generalizadas, sistemáticas e injustificadas, sino que gracias a las redes sociales nuestros altavoces son cada vez más grandes y cada vez más mujeres se liberan contando sus experiencias (por ejemplo, más de 650 relatos de parto tenemos en la web de El Parto es Nuestro, entre los que hay muchos casos de violencia obstétrica ¡pasen y lean, señores de la SEGO!) y además cada vez contamos con más profesionales de la información y la comunicación realizando artículos y contando las experiencias que conocen de primera mano. Baste leer, por ejemplo, a Henrique Moriño (@solucionsalina) en público.es, a Sara Babiker (@lababiker) en eldiario.es, Clara Marín (@claramarin_) también en eldiario.es, Esther Vivas (@estervivas) en elperiodico.com; Henar Álvarez (@henarconh) en elconfidencial.com; o Virginia Vulpes en elsaltodiario.com.

No nos sorprenden, lamentablemente, estas reacciones de los Colegios Médicos o de la SEGO, pues son instituciones que nos tienen acostumbradas a no hacer autocrítica, a hacer gala de un corporativismo muy mal entendido y a rectificar muy lentamente sus protocolos y prácticas, a pesar de las evidencias científicas y de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales y las autoridades sanitarias.

La mayoría de las mujeres que han pasado por un embarazo y/o un parto en este país podrán narrar a quien tenga interés en escuchar cómo de forma habitual se obvia (cuando no se niega directamente) proporcionar a las mujeres la información y documentación sobre los distintos protocolos aprobados por los servicios de ginecología y obstetricia en los hospitales; se anula su instinto y su conocimiento de su propio cuerpo y de su proceso de parto y se las infantiliza con comentarios irónicos, paternalistas, machistas y despectivos durante su embarazo y
durante el trabajo de parto; y se las presiona para que presten su consentimiento sin proporcionarles información completa y basada en evidencia, bajo el argumento intimidador de la posible producción de daños en su bebé (y la terrorífica repetición de este argumento a lo largo de toda la respuesta emitida por la SEGO es prueba evidente de que es práctica generalizada en ese colectivo).

Constantemente se trata a la mujer embarazada como un recipiente, ignorante y enfermo (y ahora, según la SEGO, como portadora de una vagina tenebrosa a la que el bebé se enfrenta solo y aterrado).

Pero es que, además, la evidencia científica demuestra que el enfoque patologizador del parto, la práctica de una medicina defensiva y alejada de los estándares de atención al embarazo y parto normales y la habitual cascada de intervenciones desencadena muchas veces en una iatrogenia que causa más intervenciones, más riesgo y más dolor [Ibone Olza. «Estrés postraumático secundario en profesionales de la atención al parto. Aproximación al concepto de violencia obstétrica» en Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace.
Revista Iberoamericana de psicosomática. Madrid: Editorial Médica nº 111, págs. 79-83].

La práctica generalizada de los ginecólogos y obstetras de este país se sitúa aún lejos de los estándares de atención al embarazo y parto normales, publicados hace más de 10 años e incluso muy lejos de alcanzar las recomendaciones contenidas en la Declaración Fortaleza publicada por la OMS hace ya más de 30 años. Ya en esa Declaración se afirmaba, por ejemplo, que las matronas han de ser las encargadas de los partos eutócicos ―pese a lo cual existen muchos hospitales en nuestro país en los que ni siquiera hay una matrona presente en los partos―; que son muy inconvenientes los rituales injustificados tales como monitorización fetal, posición litotómica, episiotomías, inducciones, administración rutinaria de fármacos, ruptura artificial de membranas, etc (prácticas por completo habituales en los hospitales españoles); que debe fomentarse el contacto piel con piel y la no separación de la madre y el recién nacido, fomentando la lactancia materna ―algo por completo desconocido en los protocolos de atención a cesáreas en nuestro país―.

En concreto, en lo que se refiere a inducciones en la Declaración Fortaleza del año 1985 (¡hace 33 años!) la OMS indicaba que la tasa de inducciones al parto no debía superar el 10%. Sin embargo, España supera con creces el porcentaje indicado. En este sentido, el propio Ministerio de Sanidad declaró en el año 2010: «La realización de inducciones se sitúa en un 19,4%, siendo superior al estándar de referencia de la OMS (menos del 10%). Este excesivo número de inducciones indica la necesidad de investigar sus causas para poder valorar este dato en su conjunto y el cumplimiento de las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal en los equipos de obstetricia». Sin que a la fecha de hoy conste que se hayan investigado tales causas ni se haya reducido la tasa indicada.

En cuanto a las cesáreas, desde el año 1985 la OMS venía declarando que no debían superar una tasa de entre el 10 y el 15% y en el año 2015 ha declarado que una tasa superior al 10% de cesáreas no se justifica en un mayor descenso de la mortalidad materna o neonatal. Sin
embargo, los (escasos) datos conocidos sitúan las tasas de cesárea en España en niveles muy superiores: en 2014, un 22% en hospitales públicos y un 36% en los privados.

La falta de trasparencia hace difícil un análisis riguroso respecto de las causas de estas elevadas tasas de inducciones y cesáreas (sin poder determinar cuántas de éstas últimas son programadas o cuántas debidas al propio manejo hospitalario del proceso de parto). Pero la reiterada superación de las tasas recomendadas, la reticencia de hospitales públicos y privados a hacer públicos sus datos y realizar auditorias en este sentido, los datos incluidos en informes tales como el publicado por El Parto es Nuestro en 2016, ‘Nacer en horario laboral’ (respecto de la enorme diferencia entre nacimientos producidos en horario laboral y los producidos fuera de éste), apuntan a la conclusión de que gran parte de estas inducciones y cesáreas no responden exclusivamente a motivos médicos y podrían -y deberían- ser evitadas.

Pero la SEGO no tiene interés en conocer estos datos y realizar un análisis adecuado de las causas de la evidente desviación sobre estándares. Para la SEGO es mucho más fácil ¡¡culpar a las propias mujeres!! En efecto, el encargado de la sección perinatal de la SEGO y coordinador de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia), según sus declaraciones al diario Público.es considera que “la propia mujer piensa que la cesárea le va a garantizar la seguridad y que con la operación todo irá bien” y “entonces se produce un choque entre la decisión y la evidencia científica, pues la cesárea no garantiza el bienestar del feto y tiene unas secuelas a corto plazo para la madre”; así, saca a colación una de las razones del aumento de las cesáreas: el incremento de demandas a los profesionales; “las pacientes no asumen ninguna adversidad que pueda producirse en el paritorio —porque puede haber problemas no achacables a la asistencia al parto— y buscan a un culpable, lo que genera una tensión en el gremio y, consecuentemente, un aumento de la tasa de cesáreas”.

Mátame camión. Así que este representante de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia afirma claramente que existe una medicina defensiva y que los profesionales en lugar de atender a la evidencia científica realizan cesáreas por miedo a la presión y a una posible demanda de las madres. Pues ya está todo dicho.