Inducciones y cesáreas judiciales
Nunca pensamos que asistiríamos a esta lamentable vuelta de tuerca. Nunca lo pensamos pero aquí la tenemos.
Cuando hace años comenzamos a trabajar por una asistencia al parto y nacimiento que respetara nuestros derechos básicos (información veraz, autonomía de decisión, buen trato, una atención conforme a la evidencia científica), pensábamos que “todo” el problema eran la violencia obstétrica, la negación de derechos fundamentales, la falta de respeto a las recomendaciones oficiales o las malas prácticas. Malas prácticas como la posición tumbada obligada, la episiotomía sistemática, las inducciones sin motivo, la oxitocina a chorro, los partos instrumentales fruto de intervenciones inadecuadas… nunca se nos ocurrió que todo podría ir a peor. No lo pensamos pero ha sucedido, está sucediendo.
El caso es que estamos asistiendo a un nuevo tipo de acoso a las madres, con técnicas de intimidación, represión y agresión. Hablamos de esos sanitarios que han decidido hacer uso de los cuerpos de seguridad del Estado (jueces y policía) para imponer su criterio sobre embarazadas y parturientas y someterlas por la fuerza a intervenciones cuestionables, obsoletas y en todo caso no consentidas. Ilegales.
Afortunadamente en algunos casos el juez no ha entrado en el juego, en otros, lamentablemente, sí. Es muy fácil para los sanitarios utilizar el lenguaje críptico de la medicina y filtrar la información para inclinar la balanza a su favor, aunque eso suponga ir en contra de leyes fundamentales como la ley de autonomía del paciente. El pretexto aparente siempre es médico, obviamente, aunque reconozcámoslo: el motor es el ego herido de quienes piensan que mandan en los cuerpos de las mujeres y llevan muy mal que las madres se informen, piensen y decidan por sí mismas.
De poco han servido las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, firmadas por todos los consejeros de sanidad de España y los presidentes de las sociedades científicas (incluidas la SEGO y la AEP) y en demasiados casos guardadas en un cajón. Tampoco parece que haya servido la advertencia de la ONU acerca del fenómeno generalizado de la violencia obstétrica y la responsabilidad de los Estados de rectificar la situación. Al contrario, en España se está recurriendo a la policía para aumentar la represión sobre las madres. ¡Qué fracaso profesional y fallo del sistema!
En los últimos tiempos han ocurrido varios acontecimientos lamentables, inconcebibles en especialidades que no sean la obstetricia y la pediatría, y que observados de forma global revelan una tendencia siniestra y peligrosa.
Algunos casos de partos forzados publicados en prensa
(a los que hay que añadir los casos que no han trascendido, así como las intervenciones impuestas mediante coacciones y amenazas de llamar al juez)
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Salamanca, noviembre de 2019: “Al cuarto día postparto, en un puerperio difícil dadas las circunstancias, se presentan en el domicilio dos policías con una Orden Judicial en mano para forzar ingreso o para localizar el paradero de S... Ella abre la puerta con su bebé en brazos, los policías no saben nada, no entienden nada… la mujer y su pareja tampoco. Tocó vivir en días sucesivos el acoso y la amenaza ahora de los pediatras... esto da para escribir un libro o dos.” Texto completo.
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Menorca, octubre 2019: “Piensan que ya todo está resuelto pero por la tarde, sobre las 18h, el padre recibe una llamada de la policía local de su municipio informando que una patrulla de la Guardia Civil está frente a su domicilio que tienen que entregarles una notificación. Cuando unas horas más tarde el padre acude a la vivienda, una patrulla de la Guardia Civil vuelve a aparecer." Texto completo.
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Oviedo, abril 2019: “Al día siguiente, mientras el parto continuaba con normalidad, se personó una pareja de policías en su casa acompañados por una ambulancia con su personal sanitario correspondiente. Tenían una orden judicial para llevarse a la mujer al hospital con el objetivo de realizarle una inducción de parto sin tener en cuenta su consentimiento. En el tiempo que mediaba entre su salida del hospital el día anterior y ese momento, el hospital había contactado con el juzgado de guardia y éste había cursado tal orden. Texto completo.
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Sant Boi, junio 2016: “Entonces la ginecóloga decide solicitar una orden al juez para obligar a la mujer embarazada a aceptar una inducción alegando peligro inminente para el no nacido… La mujer fue trasladada al hospital escoltada por los Mossos y una vez allí, tuvo que esperar unas 6 horas para que iniciaran el procedimiento de la inducción, lo que denota la escasa urgencia de la situación, y, por ende, la nula gravedad de la situación, clasificada como “peligro inminente” para el no nacido. Texto completo.
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Arriondas, junio 2016: “Ante mi negativa para quedarme allí me dijeron que llamarían a la Guardia Civil para conseguir una orden judicial y poder inducirme a la fuerza.“ Texto completo.
Para entender el alcance del desatino, compartimos a continuación algunos artículos que ponen en evidencia no sólo la ilegalidad de las medidas coercitivas, sino los riesgos para la salud física y mental asociados al maltrato y la mala praxis:
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La longitud de embarazos humanos puede variar hasta en 5 semanas
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Por qué un parto bajo coacción y amenazas suele terminar en cesárea
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Informe de la relatora de la ONU sobre el fenómeno generalizado de la violencia obstétrica
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OMS: Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud
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Parto traumático: experiencia y percepción de las mujeres y factores asociados. Estudio español
Queremos agradecer al equipo de Parir en libertad el gran trabajo realizado en la recopilación de la información de los casos mencionados en este post.
